Si en algo han coincidido la mayoría de partidos de izquierda y centro izquierda durante la campaña electoral, ha sido en la necesidad de defender, articular o impulsar las políticas sociales absolutamente destrozadas por el gobierno del PP, aunque éste, de manera eufemística lo defina como ajustes técnicos necesarios para la consolidación de un escenario de recuperación. Muy pocas veces lo social, la ciudadanía por rescatar, las poblaciones necesitadas, la pobreza, la vulnerabilidad, han sido utilizados como ideas fuerza en los discursos políticos. Y es que las políticas sociales han sido el banderín de enganche de casi todos ellos, desde el PSN hasta EH Bildu. Hay que reconocer que también UPN y el PP lo han hecho. Pero para presumir de ellas, como si el cortacésped neoliberal del que presumen, no hubiera arrasado recursos, prestaciones y personal en todos los subsistemas de protección social navarros. Por ello la izquierda, social y progresista, esa que va a acceder a escenarios de poder y en los que necesariamente se va a enfrentar a la gestión diaria de presupuestos, ideas, problemas, necesidades y actuaciones inmediatas; debe hacer una lectura crítica del momento actual, de las necesidades de la población, de los recursos existentes y de sus modos y maneras de implementarlos. A todo ello debe añadirse la necesidad de diagnosticar el impacto que actualmente están teniendo las políticas sociales más inmediatas –y las que se están dejando de activar- así como la calidad e idoneidad de las mismas. Y por lo que sabemos, tenemos dinero, con sus más y sus menos y tenemos recursos. Pero son poco eficaces, están descoordinados y adolecen de poca planificación para un escenario exigente y en crisis. Y lo peor, no sabemos si son solidarios, redistributivos, si favorecen la igualdad, si arreglan las vidas de la gente o si con ellos podemos seguir contando como elementos de protección. Esto debe hacerse con serenidad, sin la presión intangible del oportunismo del nuevo poder, pero también con radical acercamiento a las auténticas necesidades de la gente, que no siempre coinciden con las necesidades inducidas por diferentes agentes del mercado de las políticas y los servicios sociales. Quienes asuman responsabilidades de gobierno en Navarra en materia de Políticas sociales deberían, a mi entender, partir de las siguientes premisas. Lo digo sin pretender sentar cátedra, solo desde la experiencia que me da la mirada diaria a la vida de las gentes más desfavorecidas. 1.- La crisis en Navarra también ha tenido unos efectos demoledores. Cierto que no tanto como en otras comunidades. Pero aquí la pobreza es más intensa si cabe. Alrededor de 95.000 personas están en riesgo de exclusión y 20.000 de ellas en situación de pobreza severa, una cifra que ha aumentado por encima de otras comunidades. Deberíamos revisar nuestros instrumentos y herramientas para combatir esta situación. Los que tenemos y los que no tenemos, los que funcionan y los que no. A partir de aquí implementar estrategias activas que refuercen los dispositivos existentes y que garanticen una mejora en las condiciones de vida de la población excluida y precarizada. 2.- Financiar políticas sociales no es una cuestión baladí. Hay que analizar, evaluar y consensuar los mecanismos de financiación que tenemos y los que podríamos tener, porque se pueden cambiar, negociar o concertar dentro del marco competencial existente. Y esta financiación deberá tener el objetivo inmediato de posibilitar un escenario garantista de derechos que velen por la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía más desfavorecida. 3.- Necesariamente los proveedores de servicios sociales, tanto públicos como privados, y dentro de estos el Tercer Sector, deben articular un escenario de colaboración necesaria en el que se definan obligaciones, responsabilidades y misiones en el mercado de la provisión del bienestar ciudadano. Hay algunos déficits por cubrir, responsabilidades públicas sin ser asumidas y un mercado de productos sociales que debe ser analizado para valorar sus posibles formas de gestión y distribución. 4.- Revisar, valorar y evaluar los planes de intervención en materia de servicios sociales que están en marcha, los que están en el “cajón”, por inactivos y los previstos y ya en estado de gestación. Si es que los hay. Esta mirada nos indicará qué hemos hecho o dejado de hacer y su impacto. Quizás se puedan aprovechar algunos, como el plan de intervención con la Comunidad Gitana, otros quizás deban revisarse en un contexto como el actual. En todo caso la evaluación de estos planes estará mediatizada por el necesario nuevo diagnóstico de necesidades de la Comunidad en materia de protección social, pobreza y dispositivos para su erradicación. Y aquí, la puesta en marcha de un Observatorio de la Pobreza y la Exclusión en Navarra se hace necesario. 5.- Es muy importante revisar las políticas activas y pasivas de empleo debido a la importancia de estas en materia de inclusión social. El Servicio Navarro de Empleo es el principal activador de estrategias, dinámicas y dispositivos en materia de empleo. Revisar las actuales políticas de empleo, en el marco de las competencias territoriales, es una exigencia inaplazable. Porque las políticas de empleo tienen un gran impacto en la prevención de la pobreza. Este Servicio tiene su importancia, pues puede participar y activar la integración en el mercado de trabajo de la mujer, aspecto muy relevante para prevenir la pobreza de género. 6.- El modelo de gestión, activación y puesta en marcha de Servicios Sociales autonómico, definido por la Ley Foral 15/2006, arrastraba un escenario de intervención en esta materia definido por un marco conceptual en el Estado asumía su responsabilidad –con sus más y sus menos- en el desequilibrio de fuerzas del mercado. Como tal se activaron mecanismos y estrategias de intervención sectorializadas que hoy requerirían una nueva lectura, planificación y análisis en el contexto de crisis actual y cambio de paradigma neoliberal dominante. En este sentido es muy importante desarrollar estrategias de intervención y protección social basadas en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos los cuales deben reconsiderar su actual misión más allá de la gestión de prestaciones y recursos económicos. 7.- Rescatar y empoderar la Estrategia Navarra de Inclusión Social elaborada en la anterior legislatura con el apoyo de múltiples actores sociales y dotarla de contenido real. Esto es, no solo definir intenciones sino activar de manera práctica –creando fondos económicos al efecto- los diferentes planes de intervención que pudieran ser objeto de prioridad dadas las actuales circunstancias de urgencia social en nuestra comunidad. 8.- Navarra debe recuperar un espacio desde el que se investigue, estudie, analice, evalúe, proyecte y publique en materia de Servicios Sociales. Nuestros vecinos de Euskadi tienen excelentes observatorios, revistas, centros de investigaciones, fundaciones que aglutinan un saber profesional del que nosotros adolecemos. Y aquí hay excelentes profesionales que saben de qué va su trabajo. Gente a pie de obra que puede poner en valor su experiencia profesional. Sería deseable que este espacio tuviera una coordinación estable con la UPNA y sus diferentes equipos de investigación en esta materia. 9.- Definir un marco jurídico legislativo que avance en el asentamiento de un modelo protección social y que se haga operativa a través de un sistema de «garantía de mínimos» para toda la población en situación de exclusión social. Ello requiere reformular la actual Renta de Inclusión Social que debería ser evaluada, consensuada y definida en un nuevo marco de necesidades y exigencias. En todo caso esta nueva Ley contemplaría también su vinculación o no al actual modelo de gestión desde el subsistema de servicios sociales. 10.- Los y las nuevas responsables de las Políticas Sociales deberían considerar el gasto social como una «inversión social», no como un gasto a fondo perdido. Y todo ello dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como la sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas. 11.- Considerar, revisar y evaluar los mecanismos de actuación en materia de Discapacidad, Cooperación al Desarrollo, enfermedad mental e inmigración, entre otros. 12.- Una Comunidad con una escandalosa tasa de exclusión social y de pobreza infantil del 22,2% -menores de 18 años- no puede permitirse ese dato. En este sentido sería urgente desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar 13.- Priorizar la intervención en materia de Dependencia. Navarra. Según los datos del XIII Observatorio de la Dependencia, Navarra bajó el año pasado su nota y suspende en el tratamiento de la Dependencia, pasando de un 5 a un 4,6. Y en este importante escenario de la política social , lo que la administración pública recorta en materia de prestaciones y recursos, es asumido por las familias cuidadoras generando costes indirectos y graves riesgos de desajuste y desestructuración. 14.- Finalmente, quien asuma responsabilidades de gestión e implementación en materia de Políticas Sociales deberá contar necesariamente con los actores sociales, con los y las profesionales, con la ciudadanía receptora y con aquellas entidades que han estado y están al frente de esta batalla por la desigualdad y la pobreza en Navarra. No hacerlo supondría desoír el latido de una sociedad rica en experiencias y no menos solidaria. |
http://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/retos-de-una-nueva-politica-social-en-navarra
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