La policía judicial entró en el salón de plenos del Parlamento de Navarra. Eran las cuatro de la madrugada. Junto a la tribuna de oradores, en medio de un gran charco de sangre, yacía el consejero. Según las primeras estimaciones del forense, el asesino había actuado con un arma blanca dos horas antes. Este dato desató las primeras especulaciones. ¿Qué hacía el consejero a las dos de la madrugada en el edificio sin que la policía foral detectara su presencia?
Las sospechas empezaron a expandirse como un veneno inoculado. Se descartó el asesinato político si bien la legislatura había sido tenebrosa. Todo parecía indicar un ajuste de cuentas, pero, ¿por qué en ese escenario y a esa hora? Dos meses antes, una periodista de Diario de Noticias, medio local, había detectado movimientos extraños en las cuentas corrientes del consejero. Procedían de la multinacional Ericsson con base en la República Democrática del Congo, principal productor de coltán, mineral utilizado en los teléfonos móviles. Las cuentas se disolvían por varios paraísos fiscales.
La policía científica rastreó las últimas llamadas del móvil del consejero. La última, a las doce de la noche, procedía de Amberes. La policía descubrió también en uno de los bolsillos de su chaqueta, un recibí por importe de diez mil euros firmado por dos personas y una carta manuscrita. De repente, el móvil del consejero sonó, la policía respondió; una voz camuflada dijo: “hemos ejecutado al consejero por expreso deseo de él”. Meses después la periodista publicó un reportaje en el que se demostraba el asesinato inducido a modo de suicidio asistido. El consejero estaba reclamado por los gobiernos de Brasil y Tailandia.
Nada de esto es verdad. Pero pudiera serlo en esta primera edición de Pamplona Negra.
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